Más de 20 años de experiencia en materia fiscal, incluidos 16 años como funcionario del SAT. Hoy acompaño a empresas y contribuyentes en toda la República en defensa fiscal, devoluciones y atención a la autoridad.
Acompañamiento técnico y jurídico ante la autoridad fiscalizadora, con estrategia y conocimiento de causa.
Acompañamiento técnico y jurídico ante el SAT, IMSS, STPS, INFONAVIT, PROFECO, CONAGUA, CNBV y demás autoridades administrativas en toda la República. Recursos administrativos, juicios contencioso-administrativos ante el TFJA, amparos fiscales y acuerdos conclusivos ante PRODECON. Buscamos siempre el mejor resultado posible para cada caso.
Asesoría y acompañamiento en solicitudes de devolución de ISR e IVA. Preparación estratégica de saldos a favor, integración del expediente y atención a requerimientos. Ante una negativa, agotamos todas las vías legales disponibles.
¿Recibiste una notificación del SAT, IMSS o STPS? No la ignores: los plazos corren desde el primer día y una respuesta mal estructurada puede agravar la situación. Te acompañamos desde el primer requerimiento, integramos el expediente y buscamos reducir al máximo las observaciones de la autoridad.
Análisis preventivo de riesgos fiscales antes de que la autoridad actúe. Identificamos áreas de exposición, orientamos sobre la corrección de obligaciones formales y sustantivas, y acompañamos en la implementación de controles para reducir vulnerabilidades ante futuras revisiones.
Antes de que llegue una auditoría, el SAT ya te analizó. Durante 16 años fui parte de ese proceso de selección y fiscalización.
Hoy ese conocimiento trabaja para ti: identificamos tus focos de riesgo antes de que la autoridad actúe. Te ayudamos a prevenir cartas invitación de vigilancia profunda, comunicados por inconsistencias, resultados de indicadores de riesgo y alertas fiscales que podrían detonar una revisión. Si ya llegó la notificación, también te acompañamos con una hoja de ruta para regularizar tu situación fiscal, documentar materialidad y trazabilidad.
Licenciado en Contaduría y en Derecho, con especialidad en Justicia Administrativa y más de 20 años de experiencia en materia fiscal. Durante 16 años fui funcionario del SAT en áreas de fiscalización y análisis de riesgo.
Conozco cómo piensa la autoridad, cómo selecciona contribuyentes y cómo conduce sus revisiones. Hoy acompaño a empresas en toda la República con el respaldo de un equipo de profesionales especializados, con capacidad para atender asuntos de cualquier complejidad.
Cada caso es diferente. Lo que no cambia es el enfoque: entender el problema antes de actuar, y preparar cada respuesta pensando en cómo la va a leer la autoridad.
Un contribuyente llegó en medio de una auditoría que otra firma había atendido sin resultados. El SAT determinó un crédito fiscal elevado: había sumado los depósitos bancarios y los ingresos facturados como si fueran dos fuentes distintas, duplicando la base gravable.
El problema no era la información, era cómo estaba presentada. Se reorganizó el expediente explicando la relación entre los depósitos y los CFDI emitidos, de manera que el auditor pudiera seguir el flujo sin interpretaciones erróneas.
Una empresa llegó con la operación prácticamente paralizada: el SAT había cancelado su Certificado de Sello Digital, inmovilizado sus cuentas bancarias y emitido multas por no haber atendido un requerimiento de información relacionado con uno de sus clientes —una compulsa que nunca fue recibida correctamente.
Se atendió el requerimiento de fondo, se gestionó el desbloqueo del CSD y la liberación del embargo. En paralelo, se interpuso juicio contra las multas por vicios en la notificación del requerimiento original.
La Secretaría de Finanzas de la CDMX impuso a una empresa dos multas: una por omisión del "Aviso para Dictamen" y otra por omisión del "Dictamen de Cumplimiento" relacionado con el valor catastral de sus propiedades.
La resolución carecía de motivación: la autoridad afirmó la obligación, pero nunca demostró con hechos, datos o pruebas —dentro del propio documento— por qué el contribuyente se ubicaba en ese supuesto. Se promovió juicio contencioso enfocado en un solo argumento: un acto sin motivación es un acto nulo de pleno derecho.
Ante un requerimiento de información amplio y técnico, el SAT declaró "desistida" la solicitud de devolución de uno de nuestros clientes, a pesar de haber cumplido a cabalidad con lo solicitado. Una situación común que, sin la defensa adecuada, puede significar la pérdida definitiva del derecho.
Lejos de aceptar la negativa, se impugnó de inmediato la resolución ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La sentencia fue favorable, obligando a la autoridad a rectificar y emitir resolución en cumplimiento. Clave: la Jurisprudencia 2a./J. 32/2025 (11a.) de la SCJN sobre impugnación de resoluciones de desistimiento.
Los casos se presentan de forma anónima preservando la confidencialidad del cliente.
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