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Una carta invitación no es una auditoría ni determina por sí misma un crédito fiscal. El artículo 33, fracción IV, inciso c), del CFF permite al SAT enviar comunicados para informar inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos, sin que ello implique el inicio de facultades de comprobación.

Lo que no debes hacer es ignorarla.

Aunque no sea una auditoría, puede ser el primer aviso de una inconsistencia fiscal. Si no se atiende correctamente, el asunto puede escalar a requerimientos formales, restricciones operativas o incluso a una revisión formal. La respuesta debe prepararse con cuidado: hay que aclarar lo necesario, corregir lo procedente y evitar entregar información innecesaria que pueda abrir nuevos puntos de revisión.

Cuando el SAT niega una devolución, debe explicar claramente las razones legales y documentales. El artículo 22 del CFF regula el procedimiento y prevé que si la autoridad devuelve solo una parte, la diferencia se considera negada. También existen casos en los que la solicitud puede tenerse por desistida por falta de atención a requerimientos o deficiencias documentales.

En cualquier escenario, la resolución puede impugnarse. Si la devolución se obtiene mediante recurso o sentencia, el SAT debe pagar la cantidad actualizada y, en su caso, los intereses conforme al artículo 22-A del CFF.

Es importante actuar a tiempo. La jurisprudencia 2a./J. 32/2025 de la SCJN resolvió que, si el contribuyente no impugna una negativa de devolución por cuestiones formales, no puede presentar nuevamente la misma solicitud para subsanar después esas omisiones.

Lo primero es distinguir si se trata de una restricción temporal o si el CSD fue dejado sin efectos de forma definitiva. En la restricción temporal prevista en el artículo 17-H Bis del CFF, el contribuyente puede presentar una solicitud de aclaración para subsanar las irregularidades o desvirtuar la causa que originó la restricción.

Las causas más comunes están relacionadas con omisiones en declaraciones, inconsistencias fiscales, problemas de localización u operaciones observadas. Si la causa es subsanable, debe atenderse de inmediato. En ciertos casos, el uso del CSD puede restablecerse al día siguiente de presentada la solicitud.

Si el CSD ya fue dejado sin efectos de manera definitiva, debe analizarse la resolución, identificar la causal aplicada y valorar la estrategia de defensa o regularización.

Es un procedimiento de mediación entre el contribuyente y la autoridad fiscal, facilitado por la PRODECON, que permite resolver diferencias sobre hechos u omisiones detectados durante una auditoría. Su fundamento se encuentra en los artículos 69-C a 69-F del CFF.

Procede cuando el contribuyente está sujeto a facultades de comprobación, principalmente en visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica (Art. 42, fracciones II, III o IX del CFF). Puede solicitarse a partir de que dé inicio el ejercicio de facultades de comprobación y hasta dentro de los veinte días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta final, notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional.

Es una herramienta útil para corregir diferencias, aportar pruebas, aclarar hechos y, en determinados casos, reducir contingencias antes de que exista una resolución definitiva.

El recurso de revocación debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acto o resolución que se impugna, conforme al artículo 121 del CFF.

Antes de presentarlo, es importante analizar si realmente es la vía más conveniente. En algunos casos puede ser útil para aportar pruebas o corregir el enfoque del asunto; en otros, puede convenir acudir directamente al juicio contencioso administrativo ante el TFJA. La estrategia depende del tipo de resolución, los plazos, las pruebas disponibles y el objetivo del contribuyente.

La inmovilización requiere atención inmediata. Lo primero es identificar si ya existe un crédito fiscal notificado, si está firme o si se encuentra impugnado. El artículo 156-Bis del CFF permite a la autoridad inmovilizar depósitos bancarios cuando existen créditos fiscales firmes o cuando los créditos están impugnados pero no se encuentran debidamente garantizados.

Pueden presentarse dos escenarios:

Crédito fiscal firme. Existe una resolución definitiva y ya venció el plazo para impugnarla. La autoridad puede ordenar la transferencia de recursos conforme al artículo 156-Ter del CFF.

Crédito impugnado sin garantía. El crédito está en disputa pero la autoridad considera que el interés fiscal no está garantizado. Puede combatirse mediante la garantía correspondiente o por la vía legal adecuada.

En ambos casos existen alternativas para buscar el desbloqueo de las cuentas, pero la estrategia depende de revisar la resolución, el estado procesal del crédito, la legalidad de la notificación y si existe o no garantía del interés fiscal.