Conozco cómo piensa el SAT. Ahora te asesoro a ti.

Una carta invitación no es una auditoría ni determina por sí misma un crédito fiscal. El artículo 33, fracción IV, inciso c), del CFF permite al SAT enviar comunicados para informar inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos, sin que ello implique el inicio de facultades de comprobación.

Lo que no debes hacer es ignorarla.

Si no se atiende correctamente, el asunto puede escalar a requerimientos formales, restricciones operativas o una revisión formal. La respuesta debe prepararse con cuidado: aclarar lo necesario, corregir lo procedente y evitar entregar información innecesaria que abra nuevos puntos de revisión.

El artículo 22 del CFF regula el procedimiento y prevé que si la autoridad devuelve sólo una parte, la diferencia se considera negada. También hay casos en los que la solicitud puede tenerse por desistida por falta de atención a requerimientos.

En cualquier escenario la resolución puede impugnarse, y si la devolución se obtiene mediante recurso o sentencia, el SAT debe pagar la cantidad actualizada y, en su caso, los intereses conforme al artículo 22-A del CFF. La jurisprudencia 2a./J. 32/2025 de la SCJN resolvió que si el contribuyente no impugna una negativa por cuestiones formales, no puede presentar nuevamente la misma solicitud para subsanar después esas omisiones.

Lo primero es distinguir si se trata de una restricción temporal o si el CSD fue dejado sin efectos de forma definitiva. En la restricción temporal prevista en el artículo 17-H Bis del CFF puede presentarse una solicitud de aclaración para subsanar las irregularidades o desvirtuar la causa.

Las causas más comunes están relacionadas con omisiones en declaraciones, inconsistencias fiscales, problemas de localización u operaciones observadas. Si la causa es subsanable, debe atenderse de inmediato: en ciertos casos el uso del CSD puede restablecerse al día siguiente de presentada la solicitud.

Sí, dentro de un plazo corto. El acuerdo conclusivo ante la PRODECON puede solicitarse hasta dentro de los veinte días siguientes a aquél en que se haya levantado el acta final, se haya notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, siempre que la autoridad ya haya calificado los hechos u omisiones (artículo 69-C, segundo párrafo, del CFF).

Quien lo suscribe tiene derecho, por única ocasión, a la reducción del cien por ciento de las multas (artículo 69-G). Sin embargo, contra el acuerdo alcanzado no procede medio de defensa alguno y los hechos quedan incontrovertibles (artículo 69-H), de modo que la vía se elige comparándola con las demás.

El recurso de revocación debe presentarse dentro de los treinta días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acto o resolución que se impugna, conforme al artículo 121 del CFF.

Antes de presentarlo es importante analizar si realmente es la vía más conveniente. En algunos casos sirve para aportar pruebas o corregir el enfoque; en otros conviene acudir directamente al juicio contencioso administrativo ante el TFJA. La estrategia depende del tipo de resolución, los plazos y las pruebas disponibles.

El artículo 156-Bis del CFF permite a la autoridad inmovilizar depósitos bancarios cuando existen créditos fiscales firmes o cuando están impugnados pero no debidamente garantizados. Si el crédito es firme, puede ordenarse la transferencia conforme al artículo 156-Ter.

Si está impugnado sin garantía, puede combatirse mediante la garantía correspondiente o por la vía legal adecuada. La estrategia depende de revisar la resolución, el estado procesal del crédito, la legalidad de la notificación y si existe o no garantía del interés fiscal.